Otra
más. No paran de caerle sentencias judiciales al Ayuntamiento de Torre Pacheco;
una tras otra siguen llegando nuevas resoluciones de los juzgados que condenan, a
tod@s los ciudadan@s del municipio, a seguir pagando las costas judiciales y
todos los gastos dimanantes de las ilegales actuaciones que realizan nuestros
ppolíticos locales. Ningún fallo se produce a favor de los actos que realiza
el Ayuntamiento, todos son contrarios al proceder del EquiPPo de Gobierno Municipal,
ya que continuamente se están saltando la ley y el sentido común.
La última sentencia
recaída es la nº 213, de 16 de octubre de 2014, relativa
a las tres plazas de policía local que fueron convocadas con unas bases
inventadas por Daniel García Madrid, por encima de la legislación vigente y del
ordenamiento jurídico, en la que el Magistrado-Juez del
Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena anula un Decreto, de 14/mayo/2013,
firmado por el concejal Antonio Madrid Izquierdo, con imposición expresa de
costas procesales a pagar por el Ayuntamiento, o sea, a pagar por tod@s l@s vecin@s entre l@s que también se incluyen a l@s
votantes del PP.
No hay juicio que gane
el Ayuntamiento. Lo mismo da que sean denuncias por el
impago a empresas constructoras, en la que el moroso Consistorio es condenado a
pagar altísimos intereses por descuidar ciertos contratos, cuando a otras
empresas les pagan al día siguiente de presentar su factura, por ejemplo Bal
Partners y otras por hacer trabajos fantasma. Los jueces no se explican la espiral de litigiosidad en la que ha
entrado el Ayuntamiento de Torre Pacheco, todo ello debido a la irresPPonsable
gestión de sus gobernantes, como sucede
con los asuntos del personal contratado que despiden improcedentemente;
posteriormente se encargan los juzgados de condenar al Ayuntamiento al
reingreso de est@s trabajadore@s con pago íntegro de sus sueldos (como si
hubieran estado acudiendo a trabajar) amén de indemnizaciones y las
correspondientes costas judiciales.
Los
promotores son otro grupo de los beneficiados por las sentencias condenatorias
al Ayuntamiento, al igual que empresas de servicios. Y no será porque no se contratan grandes despachos de abogados, con
altísimos honorarios inversamente proporcionales a sus resultados. No es
necesario recordar las recientes penas de inhabilitación al alcalde Daniel
García, dos concejales y al propio interventor municipal, incluido el cómplice
necesario.
El
motivo de las denuncias ante los juzgados siempre es el mismo: el
empecinamiento político de los gobernantes, sus tercas decisiones, sus errores
a sabiendas y reiterados desaciertos, la chulesca soberbia de su actitud, en
resumen una situación jamás conocida por l@s vecin@s de Torre Pacheco que,
siempre, han considerado al Ayuntamiento como la administración más próxima
para resolver sus problemas. DESDE EL
AÑO 2003, EL AYUNTAMIENTO NO RESUELVE PROBLEMAS, LOS CREA.
El
asunto de las tres plazas de policías locales arranca desde el año 2005, en la
que Daniel García tiene la ocurrencia de convocar un concurso-oposición por
movilidad interadministrativa, en la que guardias civiles y policías nacionales
pueden ingresar en la Unidad de Seguridad Ciudadana (creadas por la
Comunidad Autónoma y actualmente sin dinero para ello), aunque esa modalidad de
acceso a la plantilla municipal incumple el art. 28 de la Ley 4/1998.
La oposición política
(PITP, PSOE, IU) no paró de recordarle al equiPPo de Gobierno que no estaba
cumpliendo la Ley, aunque los informes de los
funcionarios decían que si ¿por tradición?. Incluso la anterior Plaza del Ayuntamiento
(la que tenía árboles) se llenó una noche de policías locales de toda la Región
de Murcia manifestando a la Corporación Local, reunida en pleno, que se estaba
prevaricando, como así confirmó la sentencia condenatoria recaída contra el
Ayuntamiento y que obligó a expulsar del cuerpo a los tres policías que ocuparon
durante años esos puestos, con todo el daño personal que supone, rompiendo
expectativas familiares y repercutiendo un alto costo económico para los
contribuyentes de Torre Pacheco.
A
pesar de todo ello, los gobernantes
municipales del PP dicen, incomprensible e irracionalmente, que la Justicia les
ha dado la razón (todavía quedan votantes del PP que se siguen creyendo las
mentiras que les cuentan) y comienzan a repetir, otra vez, el proceso de
contratación de tres policías locales por el mismo procedimiento que el Juzgado
les dice que es ilegal. Estos tercos populares miran para otro lado cuando
les llegan informes del organismo competente de la Comunidad Autónoma que
desmontan la pretensión de Daniel García y Antonio Madrid Izquierdo, aunque
estos vuelven a chocar contra la misma piedra y firman una nueva convocatoria
para contratar tres policías, ante el asombro y el voto contrario de la
oposición política.
El
6 de febrero de 2013 se produce un brote de raciocinio y suspenden el
procedimiento "por si se pudieran
producir perjuicios de imposible o difícil reparación", aunque estos "magníficos
gestores" del PP vuelven a las andadas y el 20 de marzo de 2013 decretan,
otra vez, el reinicio del proceso. Contra este ataque al sentido común y a la
legislación vigente, el Servicio de Coordinación de Policías Locales de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (Comunidad Autónoma)
emite un claro informe de 12 páginas comunicando, otra vez, la grave
irregularidad que se está cometiendo en el Ayuntamiento por parte de su alcalde
y asalariados concejales, aunque estos siguen tozudos con el ilegal proceso.
Los continuos avisos de
los partidos de la oposición (PITP, PSOE e IU) son tomados a broma, con burla y
desprecio. La concejal
portavoz de Grupo Independiente, Rosalía Rosique García, insiste al PP que deberían
tener un momento de humildad, reconocer que se están equivocando y no seguir
dando topazos en el mismo muro por el bien del Ayuntamiento, y del bolsillo
de l@s vecin@s del municipio que no paran de pagar con sus impuestos los
constantes desatinos populares.
La
caducidad del expediente fue declarada por el concejal de Presidencia, Antonio
Madrid Izquierdo, riéndose de los concejales de la oposición en la sesión
ordinaria de 26 de diciembre de 2013, ocultándoles deliberadamente un decreto
firmado por él mismo sobre el asunto que se estaba debatiendo en el Pleno,
recogido en directo por Radio Municipal y por las cámaras de TV. La mala fe de
estos gobernantes es patente, y por ello desestimaron las lógicas alegaciones
producidas a estos desatinos, por lo que el Juzgado los ha condenado, otra vez,
en nueva sentencia del pasado 16 de octubre. Aunque realmente el Juzgado no ha condenado a los políticos, ya que
ellos no pagaran de su bolsillo todos los gastos ocasionados, sino que los
condenados son l@s ciudadan@s de Torre Pacheco, ya que todo saldrá de la vacía
caja municipal que esperan recuperarla un poco con el cobro de los recibos del
IBI.