El
Ayuntamiento de Torre Pacheco está acumulando un número de despropósitos y
situaciones absurdas que lo van hundiendo, paulatinamente, hacia la insalvable dePPresión
a la que ha sido dirigido, mientras una incrédula sociedad pachequera reparte su
actitud entre la confusión y la indignación.
El penúltimo
desatino del equipo de gobierno popular (con fecha de caducidad en mayo 2015) ha
consistido en comprometer el costo de unas
obras a las que no está obligado, concretamente algunas infraestructuras del fantasma Edificio de
Usos Múltiples para el Control de la Contaminación (en la fotografía),
junto al IES Gerardo Molina de Torre Pacheco. Por ello, la concejal-portavoz del Grupo Municipal Independiente, Rosalía Rosique
García, presentó una propuesta al pasado Pleno Ordinario de 30 de octubre
solicitando la rectificación del ilegal dislate, irregular en su tramitación y
desleal con los intereses económicos de los sufridos contribuyentes:
"El Pleno Municipal de 27 de julio de
2006 aprobaba, por unanimidad, la cesión gratuita de una parcela de 3000 m2,
detrás del IES Gerardo Molina, a la Consejería de Medio Ambiente para la
construcción de un Centro Regional de
Usos Múltiples para el Control de la Contaminación. En diciembre de 2007 se
adjudican las obras de este edificio, debiendo estar finalizadas para agosto de
2008, no habiendo sido así por un "cúmulo de incumplimientos impropio del
carácter profesional de la Administración", según cita textualmente el
Consejo Jurídico de la Región en su dictamen 215/09.
En Junta de Gobierno Local, de 31 de julio
de 2007, se aprueba un compromiso municipal para establecer la conexión del
edificio a las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad, suponiendo posteriormente
un importe de 230.000€. Sin embargo, en reunión de la Comisión de Seguimiento
de las Obras mantenida en verano de
2008, el Sr. Alcalde transmite al Sr. Consejero y otros responsables regionales
la imposibilidad de llevar a cabo las obras comprometidas por ausencia de
presupuesto para tal fin. Por ese motivo, la Consejería asume el costo de la
ejecución de las mismas.
En junio de 2010, la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente, en ese momento, solicita al Ayuntamiento de Torre
Pacheco la exención del importe de la
licencia municipal de obras, valorada inicialmente en 49.684,17€ y que ya
en ese año llevaba un recargo adicional de 9.936,83€. Desconocemos el importe
actualizado al año 2014 porque no nos ha sido facilitada esa información. La justificación, que realizaba el
organismo autonómico, se basaba en una contraprestación por la nula
colaboración del Ayuntamiento en las obras de urbanización, así como el interés
público de la actuación para los ciudadanos de Torre Pacheco y la Región,
instando también a la anulación del depósito de la fianza de la licencia de
obras.
En
marzo de 2013, y ante el silencio municipal, se vuelve a solicitar a este
Ayuntamiento, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, la exención
de abono de licencia de obra del Edificio de Usos Múltiples, reiterando los
motivos anteriores y sumando además la bonificación de otra licencia
urbanística, cargada en el
ejercicio 2010 por importe de 2.762,22€, correspondiente a la obra de
instalación eléctrica y que, según datos aportados por los Servicios de
Intervención de este Ayuntamiento, conllevaría a fecha 2013 un recargo
adicional de 552,44€.
Recientemente, la Sra. Concejal-Delegada del
Área de Hacienda aprueba una relación de obligaciones, según Decreto 845/14, en la que autoriza,
dispone y reconoce textualmente "GASTOS URBANIZACION PARCELA DEL EDIFICIO
USOS MULTIPLES CON FUNCIONES DE DEMOSTRACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y
CONTAMINACIÓN", por valor de 52.446,39€.
Suponemos esta cifra de la suma del importe de las dos licencias antes
mencionadas, sin tener en cuenta los recargos señalados por la Recaudación
Municipal. Ante esta extraña resolución, sin competencia y sin partida
presupuestaria, los concejales del Partido Independiente se personan en las
oficinas municipales para interesarse por este asunto, solicitando a continuación
copia del expediente, el cual termina de ser facilitado el pasado 15 de
octubre.
Tras un análisis de la documentación
aportada al Partido Independiente, se observan ciertas irregularidades
cometidas, siendo la primera la asunción
por parte de este Ayuntamiento del costo de unas obras de urbanización, a las
cuales no está obligado y que la Comunidad Autónoma ha asumido como propias,
liberando al Consistorio del compromiso contraído en 2007, según se desprende
de los escritos oficiales autonómicos. En caso de que el Equipo de Gobierno
hubiera decidido retomar algún compromiso anterior, debería haberse acordado en
el órgano político correspondiente. Por ello, el Decreto 845/14 en el que se asume ese gasto de urbanización, no está
avalado formalmente por ningún acuerdo político válido, ni resolución administrativa que así lo
sostenga, debiendo proceder a la nulidad del mismo según el art. 62 de la
Ley 30/92.
Por otro lado, la única y real petición que realiza la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia es la exención del importe de las dos licencias de obra, una
por la construcción del inmueble y la otra por la instalación eléctrica,
incluidos los depósitos de las correspondientes fianzas y obviando los recargos.
Esa petición debería ser tramitada ante el Pleno Municipal, ya que es este
órgano político el único competente para bonificar el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.). Así lo recoge la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y la Ordenanza Municipal Fiscal reguladora
del I.C.I.O.
Por lo tanto, nos estamos encontrando ante
unos hechos sin base legal alguna, sin
resoluciones de órganos políticos que se responsabilicen de estos actos
administrativos, en los que posiblemente se haya intentado compensar unos
gastos de urbanización, ordenando un pago que no corresponde a este
Ayuntamiento ni está obligado a ello, por el importe de dos licencias de obra
(desconociendo que ocurre con los recargos contabilizados por la Intervención
Municipal), en la que el órgano competente
para tomar tal decisión es este Pleno Municipal. Por este motivo, es este
Pleno el que tiene que pronunciarse ante este despropósito, en defensa de sus
competencias y del cumplimiento de la legalidad, proponiendo la adopción del
siguiente y único acuerdo:
Que
por el Pleno Municipal se declare LA NULIDAD DEL DECRETO 845/14 y, por tanto,
de los demás actos derivados y consecuencia del mismo."
Los grupos de la
oposición votaron a favor de esta moción. El
portavoz de la coalición Izquierda Unida, Francisco R. Martínez Meroño, recordó
lo "ricos y poderosos" que
eran los gobernantes en 2007 y los alegres compromisos de gastar 230.000€ en
unas obras que jamás han estado presupuestadas, para un edificio inutilizado.
Y ahora, tras siete años y después del estallido de la burbuja, el PP se saca
de la chistera un decreto que se computa como gasto, en la que el Sr.
Interventor no pone reparo alguno (precisamente esa es su función: controlar y
fiscalizar los gastos). Tampoco la Sra. Secretaria realiza correctamente su
trabajo, dejándoselo muy fácil a los tribunales de justicia para que vuelvan a
condenar a este Ayuntamiento y le obliguen a rectificar. Por su parte, el Grupo Socialista a través de su
concejal-portavoz Fernando C. Vera Albaladejo, expresó la claridad con la que
estaba expuesta la moción sobre el asunto, recordando al PP que este
Ayuntamiento no tiene que pagar lo que no le corresponde, mostrando la
preocupación por ciertos acuerdos verbales del anterior alcalde, ajenos
completamente a la legalidad y al procedimiento administrativo reglado.
Este asunto requiere de una aclaración por parte del PP, la cual no se produjo,
ya que el PPortavoz Antonio Madrid
Izquierdo justificó el disparate con símiles gasolineros y enrevesadas lecturas
de los escritos oficiales de la Comunidad Autónoma, que textualmente
decían: "...Consejería de Desarrollo
y Ordenación del Territorio asume el
coste de la ejecución de las mismas."
Rosalía Rosique García, portavoz del
Partido Independiente, dejó clara la defensa de los intereses económicos del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, justo lo contrario que hace el PP en solitario,
que se compromete a pagar obras por 230.000€ a las que no está obligado.
Además, es una irregularidad contable,
ya que se han cargado unas obras al Capítulo VI sin haberlas ejecutado el
Ayuntamiento y sin expediente de
contratación, cuando en todo caso deberían haber sido asentadas en el
Capítulo IV o VII, como transferencia de capital. Tampoco existía una partida
expresa para esas obras en el capítulo VI, por lo que este expediente es
injustificable desde todos los puntos de vista. El tema es muy serio, aunque el PP sigue en su frívola actitud, le da
igual que los juzgados continuamente estén condenando al Ayuntamiento a pagar
todas las costas judiciales, ya que no gana ni uno solo de los procesos en los
que está inmerso. Rosalía Rosique García insistió al PP a que rectificara,
por el bien de l@s pachequer@s, aunque esta petición cayó, como siempre, en la
papelera.
Fotografía: Edificio de
Usos Múltiples y Control de la Contaminación, Torre Pacheco